Chapo' Guzmán, en foto de archivo tomada en el penal de Puente Grande,
Jalisco, de donde se fugó en 2001. (Cuartoscuro). Legisladores
estadounidenses
del Partido Republicano
sostuvieron que la operación
"Rápido y Furioso", de trasiego
ilegal de armas a México, iba
en contra del cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Republicanos en la Cámara de
Representantes aseveraron
que el operativo fue una
"estrategia deliberada" del
Departamento de Justicia
contra el cártel de Sinaloa, de acuerdo con la segunda parte
de una investigación
legislativa, reportó Notimex. Los congresistas señalan que
la dependencia encabezada
por el procurador de Justicia,
Eric Holder, se enfocó en
"grandes redes de tráfico" en lugar de "intermediarios en la
compra de armas", según un
documento de 2009 llamado
"Estrategia del Departamento
de Justicia para combatir a los
cárteles mexicanos". "Como parte de esta
estrategia, el Departamento
de Justicia tomó la decisión
táctica de cambiar el foco del
arresto de intermediarios de la
compra de armas, a la identificación de grandes
redes de tráfico ilegal", de
acuerdo con el sumario
ejecutivo de la estrategia. Un facsímil de la estrategia -
incluido en el reporte- muestra
la posición del Departamento
de Justicia en el sentido de
que el decomiso de armas por
sí solo no eliminaría el problema del tráfico de estos
pertrechos a México. "Debemos identificar,
investigar y eliminar las
fuentes de las armas
traficadas ilegalmente y las
redes que las transportan",
según la estrategia del Gobierno Federal. "Rápido y Furioso" se llevó
a cabo a partir de 2009 a través
de la Oficina Federal para el
Control de Alcohol, Tabaco y
Armas de Fuego (ATF) de los
Estados Unidos, con el objetivo
de introducir ilegalmente armas a México y rastrearlas
para investigar las redes de
trasiego del crimen
organizado. El gobierno admitió que la
falta de coordinación llevó al
fracaso al operativo, pues
perdió la pista a más de 1,765
armas que finalmente llegaron
a manos de delincuentes. Los responsables de la
operación no informaron al
gobierno mexicano ni a
autoridades estadounidenses
como el procurador Holder.
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