Televisa Roberto Fonseca MANAGUA.- Una comunicación del embajador de
México, Rodrigo Labardini, era hasta la semana pasada la "prueba
documental" que deslinda a Televisa de los 18 mexicanos detenidos en
Nicaragua acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y
tráfico internacional de estupefacientes. Se trata del documento
NICO2513, fechado el pasado 23 de agosto, en el cual Labardini asegura
que los detenidos "no son empleados, técnicos, presentadores o
periodistas de la empresa Televisa, S.A." Rodrigo Zambrana, fiscal del
Ministerio Público, incorporó el
documento del embajador
como "prueba documental" al
Escrito de Intercambio de
Información y Prueba que presentó ante el juez Quinto
de Distrito de lo Penal de
Audiencias de esta capital,
Julio César Arias, quien
presidió el martes 18 una
audiencia sobre el caso. Esa "prueba documental"
provocó una airada protesta
de Johana Fonseca, integrante
del equipo de los defensores
de los detenidos. "Con un
documento comunicativo del embajador de México
pretenden demostrar que no
son trabajadores de Televisa.
¿Desde cuándo tiene el
embajador que certificar que
no son de Televisa?", preguntó la abogada en la audiencia.
La propia Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) de
México aclaró dos días
después –jueves 20– que el
embajador Labardini elaboró su calificación con base en la
información que le
proporcionó la propia
televisora. "Como parte de las
investigaciones, el gobierno de
Nicaragua solicitó a la embajada mexicana en
Managua corroborar con la
empresa Televisa si las
personas y vehículos retenidos
formaban parte de la planta
laboral y vehicular de dicha empresa. La SRE se limitó a
hacer la consulta con la
empresa y a transmitir la
respuesta en sentido negativo
a las autoridades
nicaragüenses", apuntó la cancillería en una respuesta
oficial entregada al reportero
René Cruz, de Noticias MVS.
En el referido Escrito de
Intercambio de Información y
Prueba, aparece un "recibo de ocupación" –identificado con
el número 0573-12– en el que
se da cuenta de los bienes
incautados a los mexicanos
detenidos. En ellos aparecen
carnets de Televisa a nombre de cada uno de ellos. Raquel
Alatorre, por ejemplo,
identificada como jefa del
grupo, portaba el número
A71438.
Zambrana no fue enfático cuando los periodistas le
preguntaron si los vehículos
son o no de Televisa y si los
detenidos son o no sus
empleados.
"La información que tenemos es una comunicación
diplomática que señala que
ellos no son miembros de este
emporio televisivo", dijo a los
periodistas que dieron
cobertura a la sesión convocada por el juez Arias.
"Ustedes tienen que
comprender que estamos aún
en un proceso investigativo en
marcha y que ésta es
probablemente la primera de las audiencias donde se
puedan ofrecer elementos de
pruebas y en el transcurso de
la investigación se irán
dilucidando algunos hechos",
agregó. "La licenciada" En el citado documento de la
fiscalía, de 34 páginas, se
consigna que a Raquel Alatorre
se le incautaron un reloj
Cartier, un anillo Bvlgari, otro
anillo con diamante en forma de triángulo, varias cadenas
posiblemente de oro y un iPad
de 64 GB.
Cuando fue detenida ella se
presentó como periodista y
presentadora de televisión. El documento consigna que es
"ingeniera en sistemas". El
resto de sus compañeros la
llaman "la licenciada" y era
quien se encargaba de hacer
los trámites aduanales y migratorios en los puestos
fronterizos por los que pasaba
la caravana de vehículos con
los logotipos de Televisa.
Ella presentaba su pasaporte
mexicano número 08400011472. Además se
encargaba de alquilar
habitaciones en hoteles de
Centroamérica. Pagaba
siempre en efectivo y nunca
exigía facturas. En una ocasión incluso olvidó retirar un
sobrante de 160 dólares en un
hotel.
En el documento de la fiscalía
aparece también el Informe
Pericial Trazológico TZ-0453-2487-2012, elaborado
por el Laboratorio Central de
Criminalística de la Policía
Nacional, referido al peritaje
de los seis vehículos
incautados. En éste se describe el número de "VIN o de chasis"
que corresponde a cada placa,
cada uno de los cuales está a
nombre de Televisa. Todos
coinciden con los divulgados
por la periodista Carmen Aristegui en su programa de
MVS.
El perito trazológico,
identificado como teniente
Guillermo Rodríguez, concluye
lo siguiente: "Que los VIN que poseen los vehículos Vans
marca Chevrolet, año 2011,
son originales de fábrica, y las
placas receptoras de la serie
conservan su posición y
carecen de remoción". Sin embargo, añade que "las
etiquetas de las puertas
delanteras izquierdas fueron
eliminadas (borradas)".
El miércoles 19, durante el
noticiario que conduce Joaquín López Dóriga, Televisa sostuvo
que los vehículos "fueron
dados de alta a nombre de la
empresa de manera ilícita".
El documento consigna las
conclusiones de un experto del ente regulador de las
telecomunicaciones en
Nicaragua, Telcor, el cual valuó
dos de los vehículos (placas
165-XXLL y 848-XCJ) en
alrededor de 475 mil dólares debido a los equipos de
comunicación satelital
incorporados en ellos.
El viernes 7, envuelto en el
mayor sigilo, el apoderado de
Televisa, Ramón Pérez Amador, se presentó ante la
fiscal departamental de esta
ciudad, Blanca Salgado, para
entregarle un fajo de
documentos, entre ellos un
escrito legal en el cual la televisora niega tener vínculos
con los 18 detenidos y rechaza
que los vehículos –en los que
las autoridades encontraron
ocultos 9.2 millones de dólares
y rastros de cocaína– y el equipo decomisado sean de su
propiedad.
Con base en ello Pérez Amador
solicitó a las autoridades de la
fiscalía departamental que
presenten denuncia contra cualquiera de los 18
mexicanos que haya fabricado
o utilizado gafetes o
documentos que ostenten el
nombre comercial, los
logotipos o los colores que son parte de la imagen corporativa
de la cadena mexicana de
televisión.
Para dar seguimiento a la
denuncia, la fiscal Salgado dijo
a Proceso que trasladó el caso a la doctora Leyla Prado, quien
se encarga de atender los
casos de delitos de propiedad
intelectual, entre ellos los
relacionados con marcas y
patentes. "Es un delito de menor
gravedad a los que ahora
enfrentan (los 18 mexicanos),
pero si se denuncia, nosotros
estamos en la obligación de
investigarlo", comentó la funcionaria.
En su opinión se ha abierto un
nuevo capítulo en el caso de
los detenidos, ya que le
corresponderá a la Policía
Nacional y al Ministerio Público determinar si los acusa ahora
por falsificación, usurpación o
alteración de marcas y
patentes registradas.
Durante la audiencia del
martes 18 el equipo de abogados defensores de los
mexicanos, encabezado por
José Ramón Rojas Urroz,
insistió en desestimar las
pruebas testificales,
documentales y periciales aportadas por el Ministerio
Público. Las consideran un
mero "relato acusatorio" ya
que, dijeron, no aportan
evidencias reales sobre tráfico
internacional de estupefacientes, lavado de
dinero y crimen organizado,
delitos que se les imputan a
sus clientes.
"¿Se va a demostrar el
transporte internacional de estupefacientes con los
resultados del Sintrex Trace
2200, que arroja resultados de
nanogramos?", preguntó al
juez uno de los defensores.
"Este no es el medio de prueba para demostrar el tráfico de
estupefacientes. No está
certificado tampoco de qué
manera estas 18 personas
transportaron drogas, en qué
cantidades y en qué momentos", agregó.
Según él lo único que está
certificado es que entraron y
salieron del país en varias
ocasiones, y eso no es delito.
Sin embargo, el juez Arias decidió que había elementos
suficientes para iniciar un
juicio oral y público contra los
acusados, el cual dará
comienzo a las nueve de la
mañana del próximo 3 de diciembre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario