El tribunal de la ignominia:

El tribunal de la ignominia John M. Ackerman E l Instituto Federal
Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) no existen sólo para garantizar la legalidad de los
procesos electorales, sino principalmente para asegurar su legitimidad
y constitucionalidad. Surgieron en los años 90 como respuestas a la
grave crisis política de esos años. Aunque Carlos Salinas de Gortari
concibió el IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife, antecedente
directo del TEPJF) como meros distractores de la protesta social,
hubo, sí, una época de oro" entre 1996 y 2003, cuando algunos
consejeros y magistrados electorales lograron minimizar ese pecado de
origen y escuchar verdaderamente a la ciudadanía. Hoy, sin embargo,
estas dos instituciones vuelven a dar la espalda a la sociedad. El
desprestigio se inicia en 2003 con la total exclusión de las fuerzas
de izquierda y la imposición por Santiago Creel, entonces secretario
de Gobernación de Vicente Fox, y Elba Esther Gordillo, coordinadora de
la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en
la Cámara de Diputados, de nueve grises consejeros electorales sin
mayor conocimiento en la materia. La tendencia se consolida en 2006,
cuando tanto el IFE como el TEPJF fueron cómplices de las ilegalidades
cometidas por Felipe Calderón y Vicente Fox y se negaron a acceder a
la demanda ciudadana de esclarecer los resultados por medio de un
recuento total de la votación. En 2012, este ciclo de oprobio se
cierra y se corona. La semana pasada, los magistrados del TEPJF no
solamente avalaron una elección a todas luces anticonstitucional e
irregular, sino que lo hicieron poniéndose de pie para aplaudir con
abyección un ejercicio supuestamente "ejemplar" donde "se respetaron a
cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en toda
elección de carácter democrática". Todo pudor quedó en el pasado. La
irresponsabilidad de 2006 fue remplazada en 2012 por un cinismo
deplorable que ha hundido a las instituciones electorales en un
desprestigio mayor. En 2006, el TEPJF validó la elección presidencial
sobre las rodillas y recurrió a argumentos francamente risibles con
respecto a la posible "determinancia", o relevancia, de las
irregularidades cometidas. Sin embargo, en aquel momento los
magistrados también tomaron algunas medidas para por lo menos simular
que estaban haciendo su trabajo. Por ejemplo, se atrevieron a tomar en
serio la posibilidad de anular la elección presidencial, aun cuando no
existía ordenamiento jurídico que expresamente considerara esta
posibilidad. Asimismo, aprovecharon el dictamen de validez de la
elección presidencial para señalar con todas sus letras que se habían
cometido violaciones graves a la Constitución. Aceptaron, entre otras
irregularidades, que el excesivo protagonismo del presidente Fox
durante la campaña había "puesto en riesgo la validez de la elección
presidencial". Los magistrados también reprocharon fuertemente al
Consejo Coordinador Empresarial haber violentado el marco jurídico al
adquirir propaganda en radio y televisión. Hoy, sin embargo, la
desvergüenza es total. Ahora que por primera vez en la historia existe
un recurso formal para impugnar la totalidad de la elección
presidencial ante el TEPJF, los magistrados fueron aún más indolentes
que en 2006. Desde lo que creen que es su "olimpo" en la avenida
Carlota Armero, y sin tomarse la molestia de levantarse de sus
escritorios, los magistrados rechazaron uno a uno todos los
argumentos del Movimiento Progresista y no se atrevieron a señalar a
absolutamente nadie por haber incurrido en alguna irregularidad.
Tampoco utilizaron ninguna de sus amplias facultades legales para
allegarse de pruebas adicionales. En contraste, avalaron sin
cuestionamiento alguno los puntos de vista del PRI y de Enrique Peña
Nieto. "No se probó la existencia de un esquema ilegal de
financiamiento paralelo destinado a la compra y coacción del voto, ya
que las operaciones mediante tarjetas de prepago tuvieron como
destinatarios a delegados y representantes del Partido Revolucionario
Institucional, y por finalidad, retribuirles por los servicios
prestados al señalado instituto político," señalan en el dictamen de
validez aprobado el viernes. Seis meses antes de que la Unidad de
Fiscalización del IFE emita su dictamen, los magistrados ya han
llegado a conclusiones anticipadas sobre el origen y destino de los
gastos de campaña de Peña Nieto. ¿No teníamos que esperar hasta
febrero de 2012 para tener información fidedigna sobre la
fiscalización de las campañas? Con ésta y una infinidad de
afirmaciones similares en la sentencia y el dictamen aprobados la
semana pasada, queda claro que el TEPJF no se limitó a desechar las
pruebas de López Obrador, sino se adjudicó la tarea de defender al
PRI. El doble estándar es evidente. Mientras una de las partes debe
presentar toda la evidencia para comprobar sus dichos, las
afirmaciones de la otra parte son tomadas automáticamente como la
verdad incuestionable. El destacado jurista Netzaí Sandoval, en su
libro más reciente, ya había anticipado el escenario actual: "El
ganador será, muy probablemente, el partido que con mayor cinismo
elabore su estrategia para defraudar la voluntad popular. Y el
Tribunal Electoral le levantará el brazo". Ricardo Monreal tiene
razón: si seguimos por el mismo camino, tendría más sentido que en
2018 la Lotería Nacional anuncie una subasta que el IFE y el TEPJF
organicen un proceso electoral para decidir quién sería el próximo
presidente de la República. www.johnackerman.blogspot.
com • Twitter: @JohnMAckerman